Anulación de sentencia condenatoria dictada por una Audiencia Provincial que imponía 8 años de prisión por delito de estafa agravada y falsedad documental. El recurso se centró en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba directa y en la errónea valoración de la prueba pericial. El Supremo estimó íntegramente el recurso y ordenó la absolución.
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