Nuestro cliente había sido condenado a 15 años de prisión por delito de asesinato en grado de tentativa. El despacho interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando, entre otros motivos, la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al haberse dictado la sentencia tras una instrucción que excedía ampliamente los plazos máximos legales previstos en el artículo 324 de la LECrim.
El Alto Tribunal estimó el recurso y anuló la condena, destacando la quiebra de las garantías procesales esenciales del acusado por la prolongación indebida de la fase de instrucción sin prórroga válida. Esta resolución marcó un precedente en la aplicación efectiva de los plazos máximos de instrucción penal tras la reforma de 2015.