Defensa penal experta en fraude fiscal, estructuras opacas y sociedades pantalla

En nuestro despacho estamos especializados en la defensa de personas físicas y jurídicas investigadas por delitos fiscales relacionados con la defraudación del IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA, especialmente cuando se emplean estructuras societarias interpuestas, entramados fiduciarios o sociedades en paraísos fiscales.

El artículo 305 del Código Penal castiga con penas de uno a cinco años de prisión y multa de hasta seis veces la cantidad defraudada a quien eluda el pago de tributos por importe superior a 120.000 euros anuales. En caso de agravación (por ejemplo, uso de paraísos fiscales o fraude colectivo), las penas pueden llegar hasta seis años de prisión.

Casuística habitual en grandes fraudes fiscales

Contamos con experiencia contrastada en la defensa penal en supuestos como:

• Facturación falsa entre sociedades interpuestas

• Deducciones irregulares en el Impuesto de Sociedades

• Ocultación de rentas mediante testaferros o estructuras offshore

• Deslocalización ficticia de la residencia fiscal

• Uso de trusts, fundaciones o holdings en jurisdicciones no cooperativas

• Fraudes de carácter reiterado o en grupo organizado

Defensa técnica y estrategia fiscal-penal

Trabajamos con un enfoque preventivo y defensivo, combinando conocimientos tributarios y procesales penales. Nuestra estrategia se basa en:

• Revisión de los informes de inspección y denuncias de la AEAT

• Análisis técnico de las pruebas documentales, contables y bancarias

• Cuestionamiento de la intención defraudatoria (elemento subjetivo del tipo)

• Negociación con la Fiscalía para evitar prisión mediante reparación del daño y conformidad penal

• Coordinación con asesores fiscales y peritos contables independientes

Intervención en todas las fases del procedimiento

Prestamos asistencia desde las diligencias previas hasta el juicio oral, incluyendo recursos ante la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo, si procede. También intervenimos en procedimientos de decomiso, responsabilidad penal de la persona jurídica y recursos contencioso-tributarios paralelos.